La Nueva Justicia Cotidiana Laboral propuesta por el Ejecutivo Federal

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La Nueva Justicia Cotidiana Laboral propuesta por el Ejecutivo Federal

Por: Israel Fierro Méndez Ortiz

En el año de 2005 fue firmado el primer tratado de libre comercio tri-continental que vincula a cuatro economías pequeñas con poco comercio entre sí; este es denominado el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica y fue firmado por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, entrando en vigor en 2006.  Huelga decir que dicho acuerdo tuvo como inicio de sus negociaciones la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) realizada el año 2002 en Los Cabos, México, por el presidente de Chile, Ricardo Lagos.

Desde 2008, se sumaron para un acuerdo más amplio, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú, y Vietnam; aumentando el número de países firmantes a doce. Y es precisamente el interés de Estados Unidos en  la zona del de Asia Pacifico lo que impulsó lo que finalmente sería firmado el 4 de febrero de 2016 en Auckland, Nueva Zelanda, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (en inglés: Trans-Pacific Partnership, TPP) o simplemente Acuerdo Transpacífico.

Además de reducir las barreras arancelarias y comerciales entre los países, este acuerdo pretende establecer un marco común de propiedad intelectual, reforzar los estándares de derecho del trabajo y derecho ambiental, y establecer un mecanismo de arbitraje de diferencias inversor-estado; es importante precisar que las negociaciones del TPP se centran en más de 20 mesas de trabajo, incluyendo agricultura, aduanas, bienes industriales, reglas de origen, textiles, servicios, servicios financieros, movilidad de personas de negocios, inversión, telecomunicaciones, competencia/empresas comerciales del Estado, comercio y medio ambiente, compras de gobierno, derechos de propiedad intelectual, comercio y trabajo, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, remedios comerciales, y temas legales/institucionales.

El papel de Estados Unidos ha sido acusado de ser restrictivo, a grado tal que en el caso de nuestro país, el vecino del norte presionó desde el 2015 al gobierno de México para que acabara con la parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los contratos de protección patronal. Así es como el gobierno de Enrique Peña  Nieto envió al Congreso de la Unión en abril de este 2016 un primer paquete con ocho iniciativas de reforma constitucional, tres iniciativas de reforma legal y la propuesta de una nueva Ley General, así como un decreto administrativo, que forman parte de las reformas en materia de “Justicia Cotidiana” (www.go.mx/justiciacotidiana), este término acuñado precisamente por el presidente Peña. Huelga decir que estas modificaciones son necesarias para que México se ajuste a los criterios del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (conocido como TPP y recientemente firmado) y pueda ser parte de la zona de libre comercio más amplia del mundo, junto a otras 11 naciones.

Dentro de los cambios propuestos por el Ejecutivo Federal en materia laboral, a petición de los Estados Unidos de América, se encuentran los siguientes:

  • La iniciativa del Ejecutivo en materia de justicia laboral prevé nuevas directrices para la resolución de conflictos:
  • Se propone que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial federal o de los poderes judiciales locales, según corresponda.
  • Replantear la función conciliatoria, la cual estará a cargo de centros de conciliación especializados e imparciales. Los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentrarán su atención en las tareas jurisdiccionales.
  • Revisión de las competencias entre las autoridades federales y locales, con el propósito de fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación.
  • Se considera necesario crear un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos inherentes a dichas materias.
  • Combate a las centrales sindicales corporativas

En el caso concreto, y por ser imposible entrar a detalle en la reforma, hemos de destacar que se trata de transformar la justicia laboral, lo cual ha sido una demanda de la sociedad estancada en la mesa de las legislaturas desde hace décadas, ya sea por demagogia o por evitar costos políticos; tal  es el caso de la desaparición del tripartismo en el planteamiento y solución de conflictos en materia laboral y como consecuencia, la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, amén de la eliminación del corporativismo.

Sin disidencias, ha de aceptarse por el foro que el tripartismo además de inoperante es falaz, como falaz es la paz laboral que puedan argumentar a favor del tripartismo los detractores de esta reforma estructural. Si bien es cierto en teoría se encuentran representados el gobierno, los trabajadores y las cámaras empresariales, la verdad de los hechos es que los representantes obrero y patronal en las diversas controversias laborales jamás se encuentran presentes en el desahogo de las audiencias de ley; y una vez concluidas las audiencias, el secretario o el escribiente de la junta se limitan a acercarles ya impresos los acuerdos tomados en dicha audiencia únicamente para que estampen su firma, cuando las estampan, porque no debemos soslayar que en ocasiones, dichos representantes o no se encuentran o simplemente no firman, lo que deviene en reposiciones de procedimientos o promociones de juicios de amparo contra dichas omisiones.

La desaparición de las Juntas de Conciliación es un reclamo del foro, y es una necesidad con  exigencia para preservar un Estado de Derecho; resulta deleznable la creación, generación y sostenimiento de carreras en la función pública al amparo de la Ley Federal del Trabajo, el mantenimiento a cargo de los contribuyentes de burócratas sin las cualidades ni capacidades para resolver controversias laborales conforme a la norma secundaria, nuestra Carta Magna y los tratados internacionales. Desde luego no debemos obviar que las controversias laborales, cuando se suscitan, no dejan de representar la obligación de  justipreciación de un jurisconsulto que además merece autonomía en su labor jurisdiccional como tal, pues independientemente de la denominación, llámese laudo o sentencia, sus resoluciones modifican la situación de hecho del gobernado. Sin ser óbice lo anterior, es de decirse que es falaz que el  gobierno actúe en la impartición de la justicia laboral como un mediador, pues las juntas de conciliación y arbitraje son de hecho un espacio de poder del gobernante en turno, quien los nombra a su parecer y por ende, las juntas responden a los intereses del gobernante en turno.

Por lo que toca a la eliminación del corporativismo, ha de precisarse que es la parte fundamental de dicha reforma que más escozor ha generado en las huestes sindicales de nuestro país; y es que dicha reforma plantea también que para que un sindicato pueda emplazar a huelga tiene que acreditar ser mayoritario; es decir, acreditar la representación y por ende la legitimidad; luego entonces, lo que se busca es desarticular las mafias sindicales y que regrese la representatividad legítima a las manos de los trabajadores.

Tenemos entonces frente a nosotros, una reforma denominada estructural por el Ejecutivo Federal, la cual favorece en parte la sustanciación de los procedimientos y que entre otras pretensiones busca que las controversias se diluciden más por lo que toca al fondo que por las cuestiones procesales; sin embargo, como sociedad, como gobernados, como profesionistas del derecho en quienes descansan los intereses de los clientes, hemos de insistir en que se logre una reforma verdaderamente estructural, que elimine las brechas salariales que no se han modificado desde la década de los setentas y que logre una estabilidad laboral entre empleados y patrones, eliminando las cargas impositivas que el propio gobierno les impone.

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