DIVORCIO SIN CAUSA

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 DIVORCIO SIN CAUSA COMO UN DERECHO DE LA DIGNIDAD Y LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.

Del editor

El artículo 1º Constitucional en su último párrafo prohíbe de manera tajante la discriminación; por el contrario, el precepto constitucional citado descansa y edifica en el principio de la dignidad humana la entidad del sistema jurídico, orientando su formación, comprensión y ejecución.

El artículo 4º Constitucional en correlación con el diverso 1º de la Ley Fundamental precisan que el Estado no sólo se abstenga de interferir en el desarrollo autónomo del individuo; sino por el contrario, demanda que garantice y procure las condiciones más favorables para que todos los habitantes alcancen sus aspiraciones y, por tanto, su realización personal y de vida. Con base en ello, si la libre voluntad de las partes es un elemento esencial del matrimonio, es indudable que aquélla también debe ser tomada en cuenta para decidir, legalmente, si dicha unión conyugal seguirá existiendo o si se disolverá, pues no puede ser reconocida sólo al momento de celebrarse el matrimonio, y soslayarse una vez tramitado el divorcio.

Al tenor de lo anterior, es dable concluir que el artículo 256 del Código Civil del Estado vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, la dignidad humana, al exigir la acreditación de una causal de divorcio para disolver el vínculo matrimonial, pues la libertad del cónyuge para diseñar de manera autónoma su proyecto de vida, no puede condicionarse a la demostración de las causales que invoca en su escrito inicial de demanda, pues esta imposición incidiría de manera perniciosa en el libre desarrollo de su personalidad y dignidad humana; por tanto, la Primera Sala de la Suprema Corte ha definido que la única causa determinante que puede considerarse como constitucionalmente válida, no es más que la libre voluntad que expresó en su demanda, con independencia de que dicha decisión haya sido motivada o no, por alguna de las conductas que enumera el citado precepto de la legislación civil del Estado.

Ni la legislación local sustantiva ni la adjetiva establecen de manera expresa el divorcio sin expresión de causa, de hecho sólo se contemplaban como diversas formas de disolución matrimonial el divorcio voluntario o divorcio necesario; sin embargo también es cierto que cuando el legislador de este Estado, incorpora en el artículo 9 del Código de Procedimientos Familiares del Estado que deben respetarse los Tratados y Convenciones Internacionales en vigor, desde luego cuando la Constitución no prevea algo al tenor, atendió a la obligación que tienen todas las autoridades del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, establecida en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que con la simple manifestación de voluntad de uno solo de los cónyuges de no seguir casado, se ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En ese orden de ideas, es dable concluir que, el libre desarrollo de la personalidad en el ordenamiento jurídico mexicano y conforme a los lineamientos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmados en la tesis aislada P. LXVI/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 7, de rubro: “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.”, es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros.

Por tanto, el artículo 256 del Código Civil para el Estado de Chihuahua, al exigir, en el régimen de disolución del matrimonio, la acreditación de causales, cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y lo restringe injustificadamente, toda vez que no resulta idóneo para perseguir alguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público, por lo que es inconstitucional.

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